Recuerdo bien el caso porque además de ser concejala de la oposición cuando sucedió, también era portavoz en la comisión de igualdad del ayuntamiento de Santander. Han tenido que pasar cuatro años desde que un agente de la policía municipal, precisamente destinado en el servicio de atención a mujeres maltratadas, agredió a su ex pareja, hasta hoy, cuando
ha sido condenado por la Audiciencia Provincial por tres delitos de violencia de género.
Lógicamente me interesé por el asunto con responsabilidad. Que un agente armado fuera denunciado por violencia de género era un asunto muy grave y la vez, paradójico ya que prestaba servicio ayudando a mujeres maltratadas. Los riesgos eran altos, de ahí la responsabilidad que no fue correspondida por los responsables municipales.
Carmen Ruiz, entonces concejala de Igualdad se comprometió a varias cosas: una, a abrir una investigación que pudiera derivar en un expediente al agente, dos a apartarle del servicio y tres, a mantenerme permantemente informada. La única cosa que cumplió fue dedicarle a otros servicios, aunque ya no estoy segura de que ésto fuera así porque enseguida se zafó del primer compromiso aludiendo a que el caso estaba en manos de los tribunales. Primó el corporativismo frente a la protección de la víctima y en esto, tuvo bastante que ver el entonces concejal de policias, Sañudo, el que fuera 'gran frívolo' de las políticas municipales de igualdad y ahora se demuestra protector de maltratadores.
Cuatro años de juicios han terminado con una sentencia firme que, entre otras cosas*, ha condenado al maltratador a cuatro años y un día de privación de armas; cualquiera se estremecería pensando en lo que podía haber sucedido, porque no ha sido precisamente el ayuntamiento de Santander la institución que destinó todos sus esfuerzos a proteger a la víctima.
Ahora ya no hay excusas posibles, la sentencia es firme y el ayuntamiento tiene la obligación de abrir expediente sancionador que, bajo mi punto de vista, debería terminar con la expulsión del cuerpo de policía municipal. ¿Lo veremos? Por lo antecedentes, lo pongo en duda, pero ¿puede un policía municipal condenado seguir en sus funciones?
* Condena a Juan José González Olazarán:
- 115 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
- Multa de 90 euros.
- 4 años y un día de privación de armas de fuego.
- 2 años de alejamiento de la víctima e indemnización de 333 euros a la misma.