La justificación de esta campaña está bien clara. La pasada semana Público se hacía eco del Informe del Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) según el cual, 5 Comunidades Autónomas (de 17) no ofrecen ningún servicio público donde abortar. Pero si esto pareciera poco, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad llevan desde el pasado abril del 2007 en una campaña específica contra las mujeres y contra el personal de las clínicas autorizadas para interrumpir embarazos con el único objeto de restringir aún más si cabe, y si fuera posible re-penalizar el aborto en cualquier supuesto o plazo. Hasta el PP lo va a llevar en su congreso a través de una enmienda de un senador por Madrid. Ayer, el mismo periódico entrevistaba a una mujer que se autoinculpó, como he hecho yo, por otra parte, y un juez la ha llamado a declarar. ¡Menudo papelón el juez! Tampoco se queda corto el que ha admitido como acusación particular a dos organizaciones pro-vida. Vamos, yo lo veo bastante claro que todavía hay quien se cree lo de las trituradoras y no tengo ganas de acabar entre rejas.
Por lo que sé, parece que en el PSOE hay voluntad aunque se ha preferido comenzar por estudiar el asunto con personas expertas. Yo desde luego lo tengo claro: hay que cambiar la ley para garantizar que las mujeres puedan decidir, para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y de las mujeres, y para que ninguna mujer tenga que salir de su Comunidad para abortar.
Por lo que sé, parece que en el PSOE hay voluntad aunque se ha preferido comenzar por estudiar el asunto con personas expertas. Yo desde luego lo tengo claro: hay que cambiar la ley para garantizar que las mujeres puedan decidir, para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y de las mujeres, y para que ninguna mujer tenga que salir de su Comunidad para abortar.








